Las condiciones para planificar un viaje no son las óptimas. En el mes más cálido del año no se superan los 0 grados. Y el viento atraviesa los 200 kilómetros por hora sin pestañear. Pero todos quieren conocer La Antártida. Tanto es así, que en la temporada 2008-2009, de acuerdo con las cifras elaboradas por la International Association of Antarctica Tour Operators (Iaato), arribaron a sus costas más de 46 mil turistas.
En su mayoría atraídos por el pingüino Emperador y la necesidad de una vivencia extrema. Sin embargo, el Continente Blanco parece estar sintiendo tan asfixiante devoción. “Más temprano que tarde, los gobiernos necesitarán abordar la cuestión del número total de visitantes”, declaró en 2009 Jim Barnes, director de la coalición Antarctic and Southern Ocean Coalition (Asoc), que agrupa a unas 100 organizaciones ambientalistas.
Estas voces y las de algunos países han logrado incluir en la agenda anual de la Reunión del Tratado Antártico –que agrupa a 49 naciones, entre ellas Argentina– la preocupación por el incremento del negocio turístico en detrimento del ecosistema. “La Antártida no está preparada para recibir turistas”, responde Samuel Leiva, organizador de Campañas de Greenpeace. “Por lo tanto es necesario que los cruceros estén regulados por las normativas provenientes de la reunión del Tratado Antártico.”
Ese lugar ostenta el extraño privilegio de ser el único espacio terrestre del planeta sin un titular gubernamental. Sólo está regulado por ese Tratado, celebrado en Washington en 1959. Una acefalía institucional que representa un inconveniente a la hora de imponer argumentos. “No siempre es fácil llegar a acuerdos entre países muy diversos, pero la Reunión del Tratado Antártico que se celebró el pasado año prohibió el uso de fuel pesado. Medida que permitirá controlar o evitar el impacto del turismo”, explica desde España Javier Benayas, profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid.
La enmienda de la Organización Marítima Internacional (IMO) que prohíbe el uso y transporte de combustible pesado (HFO) dentro de la zona del Tratado, entró en vigencia el 1º de agosto de 2011. El biólogo Benayas, junto al geógrafo catalán Martí Boada realizaron, entre 2008 y 2009, uno de los papers más lúcidos sobre el tema.
El trabajo titulado “Valoración del impacto ambiental del turismo comercial sobre los ecosistemas antárticos”, promovido por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España con el patrocinio de la Fundación Abertis, arrojó como resultado que las emisiones del “turista antártico son de 4,39 toneladas de CO2 y la cantidad de residuos por pasajero de 3,5 kg”. Si a estos números le integramos la deficiente aplicación de los protocolos marítimos durante la época –noviembre a febrero– de los cruceros, el peligro de contaminación por los derrames de petróleo causados por accidentes navieros y la alteración de la flora y la fauna, el resultado se vuelve complejo.
