Los
peligros que acarrea la tala indiscriminada de bosques
nativos
Desmonte desastre
Inundaciones, sequías, migraciones, extinción
de especies. La tala indiscriminada de árboles y
el imparable monocultivo de soja están causando
en el ecosistema argentino consecuencias tan graves como
irreversibles. Ante la connivencia de los gobiernos y el
lobby de las empresas, las comunidades afectadas comenzaron
a organizarse para frenar la catástrofe que año
tras año avanza sobre sus pueblos.
Textos Miguel Jorquera y Pablo
Icardi
Tercer Sector en Mendoza y Salta
“Allí era”, dice Pedro Villegas y
señala un enorme playón de tierra seca en
la entrada al pueblo de San José, en el corazón
del departamento Lavalle, en el extremo norte de Mendoza.
Allí, donde señala Pedro, hay troncos enormes
cortados casi al ras del suelo, en el medio hay dos arcos
que ayudan a simular una cancha de fútbol. Allí donde
hoy hay una cancha de fútbol y un horizonte enorme,
antes había un cerrado bosque de algarrobos y un
ecosistema alrededor de esa especie. “Esto se taló todo,
cuando se acabaron los árboles se fueron y la gente
que se acostumbró a trabajar con la leña
también se fue”, cuenta Pedro, para quien
San José sólo se convirtió en un paseo
de fin de semana, pues él y su familia también
se mudaron del pueblo. Lo mismo le pasó a alrededor
de 10 mil personas que vivían en esa zona.
Los algarrobos son la especie nativa más importante
de Mendoza y durante un siglo los bosques fueron comidos
por la ciudad. De promedio se talaron 3.300 hectáreas
de algarrobo por año, hasta que se agotaron. La
extracción se realizó con criterio minero.
Es decir, se extirparon los recursos, sin que se planificara
la recuperación. Hoy organismos científicos,
pobladores y organizaciones de la sociedad civil intentan
revertir esa realidad.
La depredación de los algarrobales ocurrió en
3 etapas y aún no pueden recuperarse. Hasta la década
del '50 esa madera fue la base del desarrollo del ferrocarril.
Además se usaban para hacer carbón. Luego
el crecimiento de la actividad vitivinícola también
hizo sufrir al bosque nativo: los algarrobos fueron usados
para levantar gran parte de las viñas. Pero eso
no fue todo. "Hasta hace muy poco se sacaba leña
de manera industrial. Se entregaban autorizaciones que
permitían la tala a cambio de la reforestación.
Pero nunca nadie reforestó. En 2001 se logró suspender
ese mecanismo", explicó Gerardo Vaquer, director
de Medio Ambiente de Lavalle.
Alerta rojo
Mendoza está en alerta rojo. El 72 por ciento
del territorio provincial está en alto riesgo de
desertificación. Además del norte y del este,
la zona de mayor riesgo es el Piedemonte, es decir, el área
comprendida entre el llano de la ciudad y la alta montaña.
A Lavalle lo llaman el desierto. Pero en realidad se
trata de una zona desertificada. La diferencia está en
que el desierto es un tipo de ambiente natural, y el otro,
en cambio, es generado por el hombre. A la tala de los
bosques se le suma la falta de planificación hídrica,
que terminó prácticamente secando el brazo
del río Mendoza que llegaba hasta la zona. De esa
manera se afectaron también todas las especies que
viven alrededor del algarrobo.
“Hay lugares donde directamente se ha calcinado
la tierra, no ha quedado ni microflora. Los bosques frondosos
de algarrobo desaparecieron por completo, salvo en pequeños
reductos. El impacto es tan grande que se ha vuelto invivible
el lugar”, explica Diego Bourget, de la Fundación
Mendocina para la Protección de la Vida y el Entorno
(Funprove), una de las OSC que trabaja para frenar el proceso
de desertificación que vive Mendoza. Esa organización
lleva adelante un programa de reforestación de los
bosques de algarrobo y trabaja en un plan piloto para usar
de manera sustentable los recursos que el propio bosque
puede dar. La intención es sumar a los pobladores
de la zona en la protección de los bosques.
Entre los proyectos que están ejecutando se encuentra
el desarrollo de una bebida alcohólica en base al
fruto del algarrobo. La idea es que los crianceros de la
zona encuentren una alternativa económica a la tala
de bosques y a la cría de ganado. “Los pobladores
de la zona no son los causantes de los grandes problemas.
Lo que hacemos ahora es transferir los conocimientos que
logramos con las investigaciones para generar actividades
sustentables. Primero enseñamos el valor que tiene
el algarrobo para lograr el reimplante, y el segundo paso
es conseguir que haya alguna rentabilidad económica
sustentable en base al árbol”, asegura el
ambientalista.
Dentro del Centro Regional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas también trabajan para la recuperación
de las especies nativas. Desde el laboratorio de desertificación
promueven un proyecto para cambiar el modelo de producción
ganadera y evitar los impactos que el ganado ejerce sobre
las especies.
Para perderse dentro del secano lavallino basta con ingresar
algunos metros desierto adentro. Allí, entre las
dunas y algunos “tocones” de algarrobos talados,
está el puesto Los Amigos. La familia González
habita el lugar desde hace al menos dos siglos. Vieron
la mutación del terreno y están adaptados
a vivir en ese ambiente extremo. “No queda mucho
por hacer, los chicos se van del lugar porque se ha perdido
el agua que antes había, los bosques y los animales”,
dice la mujer mayor de la familia.
En emergencia
En los últimos 70 años la Argentina perdió el
70 por ciento de sus bosques nativos. Cada año se
desmontan otras 250 mil hectáreas y las cadenas
de las poderosas topadoras D-8 arrasan, mensualmente, un
bosque de 200 km2, la misma superficie que toda la Capital
Federal. La tala indiscriminada depreda cientos de miles
de hectáreas de árboles, de los que dependen
la regulación climática, el mantenimiento
de las fuentes y caudales de agua, y la conservación
de los suelos. De esa manera, el excesivo desmonte provoca
cambios en los regimenes de lluvias que, sin bosques para
absorber y frenar el agua, desata el repentino, y cada
vez más frecuente, desborde de importantes cuencas
hídricas, como las que dejaron sumergidas a la ciudad
de Santa Fe y el delta entrerriano, desbarrancaron casas
y puentes en la salteña Tartagal, inundaron regiones
donde el agua escasea, y hasta amenazan a la propia ciudad
de Buenos Aires.
Aunque en 2004 la Argentina fue declarada “en estado
de emergencia forestal”, aún duerme en el
Congreso de la Nación un proyecto de ley para regular
la tala de bosques, acunado por el lobby sojero y maderero
de las provincias. Mientras, desplazados pueblos originarios,
pequeños productores y numerosas OSC reclaman su
tratamiento en medio de un panorama poco alentador, no
sólo para los amantes de la naturaleza sino para
nuestra propia supervivencia.
En apenas 4 años, la expansión de la frontera
agrícola ganadera le ganó más de 800
mil hectáreas a los bosques nativos. Las zonas más
afectadas por esa “pampeanización” de
las tierras son el Parque Chaqueño que se extiende
por las provincias de Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy,
Salta, Santa Fe y Tucumán; y la Selva Tucumano-Boliviana
que abarca vastas regiones de Tucumán, Salta y Jujuy.
Con sólo caminar por la capital de Salta se puede
observar hasta dónde llegó el “bum” sojero
en la provincia. Las plantaciones crecen en los propios
suburbios de la ciudad, a pocos metros de los edificios
de viviendas que ampliaron el tejido urbano. Tierra adentro,
la expansión de los cultivos sojeros arrasa con
miles de hectáreas de bosques nativos por año.
“Es lógico deducir que el desarrollo sustentable
no puede ser una temática reducida a lo ambiental
o al sistema tecnológico predominante, ni al sistema
económico, y, mucho menos, a la sola responsabilidad
de los actores económicos”. La afirmación
del ingeniero agrónomo Pablo Frére busca
poner equilibrio entre quienes insisten en la “necesidad” de
impulsar el “desarrollo económico” sin
detenerse en las tragedias sociales y ambientales que desata
la expansión sojera.
Preocupado por esas consecuencias, Frére fue uno
de los impulsores, desde Fundapaz, de unir al amplio abanico
de instituciones y OSC que venían bregando individualmente
para ponerle freno a la catástrofe ambiental que
amenaza a la provincia. Así nació el Foro
Salteño por la Tierra, donde se reunieron Fundapaz,
Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana del
Norte Argentino (Asociana); Aredete (organización
de Aguaray); el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)
de Salta; la Universidad Nacional de Salta a través
de la Facultad de Humanidades; el Instituto de Desarrollo
Rural (IDR) de la Escuela de Agronomía y el Programa
Social Agropecuario (PSA).
“Nos han acusado de entorpecer el desarrollo sin
tomar en cuenta ninguna de las graves consecuencias inmediatas
y a futuro que nos deja esta expansión del monocultivo
que arrasa con los bosques nativos”, agrega Chris
Van Dam, profesor en Política Ambiental y Desarrollo
Sustentable de la Universidad de Salta.
No es para menos. La devastación amenaza con desertificar
la tierra y eliminar la barrera natural que regula los
regimenes de lluvia, una situación que expulsa a
los pueblos originarios y pequeños productores de
su hábitat y expone a cada vez más grandes
y repentinas inundaciones a los pueblos y ciudades que
bordean las cuencas hídricas de la región.
“La tala indiscriminada para expandir la frontera
agropecuaria avanza sin que exista un orden jurídico
que le ponga freno. La deforestación aumenta el
recalentamiento global y alimenta el cambio climático
que padecemos por la cada vez mayor producción de
monóxido de carbono, del que los bosques son sus
reservorios naturales. Sin bosques el agua avanzará inexorablemente
sobre las grandes urbes”. Éstas son algunas
de las conclusiones a las que arribaron todas las organizaciones
que trabajaron en la elaboración del proyecto de
ley de bosques que aún duerme en el Congreso nacional.
Las catástrofes climáticas en Salta, Santiago
del Estero, Tucumán, Formosa y Chaco son un síntoma
claro de la advertencia. Pero la dura experiencia de la
nueva inundación que abarcó la ciudad de
Santa Fe, la que sumergió los suburbios de la ciudad
de Rosario y dejó aislado al delta entrerriano,
muestra que el agua avanza casi a las puertas de Buenos
Aires, aunque la mayoría de sus habitantes lo ignore.
Reservas de desinterés
Un capítulo aparte merecen los 13.287 kilómetros
cuadrados de las Yungas, que en 2002 fueron incorporados
a la Red Mundial de Reserva de Biósfera de la Unesco
por su “alto interés específico para
la región tanto en los aspectos del medio natural
como sociocultural”.
Sin embargo, la región está siendo arrasada.
Se puede apreciar desde el aire, en un día con pocas
nubes desde un vuelo regular de línea entre Salta
y Jujuy: decenas de miles de hectáreas arrancadas
a las Yungas sembradas con soja, parcelas geométricamente
divididas en cuadrados, rectángulos y formas helicoidales
donde los cultivos moldean los valles hasta las laderas
mismas de las montañas. Allí recién
se deja ver la vegetación espesa del bosque que
todavía no fue talado.
El departamento de Iruya está dentro de la Reserva
de Biósfera de las Yungas, a 330 kilómetros
de Salta. Sólo se accede a su principal poblado
después de atravesar gran parte de Jujuy y unos
50 kilómetros de camino de ripio y cornisas a 4
mil metros de altura sobre el nivel del mar. La localidad
está habitada por unas 1.500 personas, la mayoría
de ellas pertenecientes a una veintena de comunidades coyas.
El pintoresco poblado donde siempre hay sol, porque las
nubes atraviesan las montañas a menor altura, está enclavado
en la ladera de uno de los cerros que conforman una inmensa
quebrada y al borde de una barranca de más de 100
metros de alto que dibuja la curva del río Iruya,
que en mayo es apenas un hilo de agua. Pero en la temporada
de lluvias, que va de octubre a febrero, Iruya tiembla. “El
volcán”, como sus pobladores llaman a la repentina
crecida del río que arrastra aludes de piedra y
barro, golpea y erosiona la barranca con tal fuerza que
el año pasado desmoronó una casa, aunque
no hubo allí una cámara para filmar la escena
como ocurrió en Tartagal.
Sus pobladores saben y no ocultan las causas que desencadena
el fenómeno. “La tala de bosque para el consumo
doméstico de leña y el pastoreo de los animales
que arranca las raíces que sujetan la tierra, dejan
que el agua se venga del cerro sin ninguna barrera”,
explica Pedro Cruz, parado sobre la barranca desde donde,
con su brazo extendido, sigue la cuenca del río
hasta detenerse y señalar los restos de la casa
desbarrancada. Pegado a sus escombros de piedras y adobe
se multiplican las casas del pueblo.
“No sé cuánto tiempo aguantarán
los volcanes”, repite para admitir que su pueblo,
en el que viven decenas de comunidades aborígenes,
está en peligro. “Del otro lado es peor”,
agrega Pedro señalando la montaña. Del otro
lado, se expande frondosa la selva de Las Yungas, pero
tierras abajo también comienza su depredación.
Un tema que hasta ahora no era prioridad del Consejo Indígena
Kolla de las Comunidades de Iruya, pero que la crítica
situación transformó en una de sus reivindicaciones
más acuciantes. El Iruya desemboca en el Río
Bermejo, cuyo trazado recorre la Yunga y el bosque chaqueño,
donde la deforestación es a escala industrial, provocando
terribles inundaciones en Salta, Formosa y el Chaco hasta
confluir con el Paraná, aportando un enorme caudal
a toda la cuenca que termina en el Río de la Plata.
Desgobierno
Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de Salta (Semades) advierte en un informe que
el “sobrepastoreo y la deforestación de los
cerros produce el deterioro de las cuencas” hídricas
y pone en peligro poblaciones rurales, es el propio gobierno
provincial el que autoriza la deforestación a gran
escala para la expansión del cultivo de soja, que
ha ganado la mayoría del territorio salteño.
Como muchas otras provincias, Salta tiene su propia legislación
sobre la regulación de bosques y tierras. Diez años
después de su sanción, unos de sus principales
impulsores, el diputado José Vilariño, se
mostró decepcionado con la reglamentación
por parte del gobierno salteño. “No se cumple
o se recurre a artimañas para evitar la oposición
de los ciudadanos en las audiencias públicas que
exige la ley”, señaló. “La incorporación
de las audiencias públicas, para que quienes se
opusieran a los desmontes pudieran expresar sus argumentos,
fue una avanzada en la ley provincial, pero con el tiempo
se transformó en su propio talón de Aquiles”,
concluye. Este tema fue señalado por el Foro Salteño
como una de las debilidades sobre la que cabalga el lobby
sojero para conseguir las habilitaciones para los desmontes.
Pero éste no es el único cuestionamiento. “Los
emprendimientos inferiores a 300 hectáreas no necesitan
cumplir con las audiencias públicas. Hemos recibido
denuncias de algunos ambientalistas que aseguran que varios
desmontes cercanos a Parques nacionales se harían
de 300 en 300 hectáreas para esquivar el requisito
legal”, señala Frére.
El trabajo conjunto de las OSC logró frenar este
año el desmonte, autorizado por el gobierno salteño,
de 30 mil hectáreas de las 43.800 que tiene la finca
Don Tito, en el departamento San Martín al noroeste
de la provincia. “El proyecto muestra la magnitud
destructiva del emprendimiento por los volúmenes
de extracción de madera del desmonte. Se extraerán
83 mil metros cúbicos de quebracho colorado y blanco,
lo que representa siete veces más del promedio anual
de desmonte de esta especie en la provincia. La tala amenaza
también a varias especies de animales al borde de
la extinción que habitan en la finca como el tatú carreta,
el oso hormiguero bandera y el chancho quimilero.
Las comunidades Wichis vecinas y los puesteros criollos
de la zona se opusieron al desmonte. “La eliminación
de la cobertura forestal de la finca producirá a
corto plazo fenómenos de inundación y quizá escurrimiento
de la masa de sedimentos que afectarán a las comunidades
que viven en el lote lindero”, denunció la
Asociación de Comunidades Wichis Lhaka Honhat.
Si bien en 2004, el primer informe de Argentina elaborado
sobre la base de la metodología GEO del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a
nuestro país en “estado de emergencia forestal”,
todavía el Congreso de la Nación tiene cajoneado
el proyecto de ley que busca parar la depredación
de los bosques nativos e implementar su uso racional. Incentivados
por los lobbys sojero y maderero, muchos legisladores aún
se niegan a sancionarlo.
Cómo conectarse
Foro Salteño por la Tierra
tierrasalta@yahoo.com.ar
(0387) 155093151
Asociana (Acompañanamiento Social de la Iglesia
Anglicana del Norte Argentino)
asocianet@salnet.com.ar
(0387) 4310095 / 421-1949
Aretede (Aguaray)
aretede@yahoo.com.ar
Tepeyac (Equipo de Pastoral Aborigen Diócesis
de Orán)
m@salnet.com.ar
Endepa
rodrigosola@hotmail.com
Universidad Nacional de Salta (Facultad de Humanidades)
hrodriz@uolsinectis.com.ar
catalinabuli@yahoo.com.ar
Instituto de Desarrollo Rural-Escuela de Agronomía
(IDR)
colinapablo@yahoo.com.ar
apais@unsa.edu.ar
Fundapaz Salta
fundapazsalta@arnet.com.ar
Programa Social Agropecuario (PSA Salta)
saltapsa@uolsinectis.com.ar
herran@unsa.edu.ar
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase)
(03846) 15676457 / (011) 157618785 / (03843) 15456493
sachaioj@uolsinectis.com.ar
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas
(Onpia)
www.onpia.org.ar
Greenpeace Argentina
www.greenpeace.org.ar
Federación Agraria Argentina (FAA)
(0341) 512-2000
www.faa.com.ar
Funprove
Diego Bourguet (0261)- 4304369
fumprove@lanet.com.ar
El Laboratorio de Desertificación del CRICyt
(0261)- 4287995
abraham@lab.cricyt.edu.ar
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