El sol empieza a caer y la tarde es fría. Algunos ponen leña en la salamandra. Otros preparan mate
y comen galletitas. Mientras, cortan una cartulina negra y pliegan tiras blancas y celestes de papel crepé. En pocos días tienen que llevar una lámina a la Escuela de Adultos 714, de Tigre, con motivo del 25 de Mayo. Al principio, hay más silencios que palabras. Poco a poco comienzan a reírse y a hacer chistes. También hablan del módulo, de los trabajos prácticos y de la fecha de entrega. Pasan casi dos horas y proponen salir a jugar un picadito. Las maestras acceden. El mate y las galletitas quedan sobre la mesa. Los papeles y las carpetas, también.
Son una veintena de chicos, casi todos varones de entre 13 y 19 años, quienes retomaron sus estudios con una modalidad semipresencial en la Unión Vecinal General Pacheco Sur, donde la Fundación del Sur lleva adelante el programa Incluyendo Jóvenes.
La mayoría de ellos está en conflicto con la ley. De hecho, algunos cumplen una pena de arresto domiciliario con permiso para salir a estudiar. Brian estrena 19 años. Ahora tiene novia y quiere terminar la escuela para conseguir un trabajo que le permita ganarse la vida. Mientras su mirada se escabulle detrás de una visera, habla de un cambio. “Les quiero dar lo mejor a mis viejos y no hacerles pasar más por lo que tuvieron que pasar conmigo”, asegura.
“Es que yo agarré la calle y empecé a hacer cualquiera”, admite. Hace unos años, Brian entró en un vertiginoso espiral: agarró “la calle” –como él y otros tantos pibes dicen–, dejó las aulas y comenzó a enredarse en la droga y el delito. Finalmente cayó.
Junto a un grupo de pibes robaba autos. Estuvo tres meses “encerrado” y hoy cumple arresto domiciliario. “La pasé feo en serio, feo de verdad”, asegura.
El tema es el mismo y las postales se repiten. Mientras los políticos se enfrasca en discusiones estériles en torno de las cifras del delito y la sensación de inseguridad, los medios de comunicación machacan con la idea de que uno de los factores determinantes son los actos ilegales cometidos por chicos menores de 18 años. En el medio, acusados otra vez, los pibes.
En el país suman al menos 6.300 los chicos que no alcanzan la mayoría de edad y se encuentran en conflicto con la ley penal. De ese total, el 30 por ciento (unos 1.800) está privado de la libertad y el 70 por ciento (unos 4.500) está incluido en programas no privativos de la libertad. Así lo reveló un estudio –el único que existe, presentado a fines del año pasado– de Unicef, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf ) y la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Del total de 119 establecimientos de privación de la libertad, la tercera parte no está especializada en el abordaje de adolescentes, sino que se trata de comisarías o de servicios penitenciarios de adultos, lo que constituye una contradicción flagrante con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y a la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Nuestro país es el único en Latinoamérica que se resiste, a pesar de los años transcurridos de democracia, a aplicar genuinamente la Convención que establece un sistema de responsabilidad penal juvenil con todas las garantías, además de resistirse a la aplicación de la Constitución Nacional, que en ningún lugar dice que ciertos derechos le están negados a las personas menores de edad y, en especial, a los menores de 16 años”, afirma Laura Musa, Asesora General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires.

Luz roja

Organizaciones defensoras de derechos humanos y de la infancia, locales e internacionales, y parte de la dirigencia política aplauden cuando se pone en debate la creación de un régimen penal especial para juzgar a los más chicos. Sin embargo, elevan su voz de alerta cuando esa discusión se limita a una disquisición en torno de la conveniencia o no de bajar la edad de punibilidad.
“Se trata de un debate pendiente, pero lo que resultan inadecuados son los momentos cuando se plantea, que se dan cuando un chico aparece en los medios como protagonista de un hecho de violencia. Frente a un trabajo que debería ser lento, silencioso y profesional, en el que participen todos los actores involucrados, aparecen entonces posturas ríspidas, discriminatorias, agresivas y descalificadoras hacia los chicos”, advierte Nora Pulido, coordinadora del Colectivo por los Derechos de la Infancia.
Si bien desde el punto de vista normativo el país dio un salto cualitativo con la sanción en el 2005 de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que dejó sin efecto la casi centenaria Ley de Patronato de Menores, lo cierto es que en lo que respecta a la cuestión penal, a nivel nacional aún rige el Decreto-Ley 22.278 que en 1980, durante la última dictadura, estableció el Régimen Penal de la Minoridad.
El abogado Tomás Ojea Quintana forma parte de la Red por los Derechos de los Jóvenes, que desde hace unos años lleva como consigna una frase que desafía una estigmatización. “No somos
peligrosos, estamos en peligro”, reza la consigna. Es que la supuesta “peligrosidad” de los jóvenes “fue una excusa utilizada en muchos países y por mucho tiempo para poner en prisión a personas sólo por su aspecto”, advierten desde la agrupación.
“Se pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años con el fundamento de que de esa forma se les van a garantizar sus derechos a los chicos, pero lo que no se dice es que les vamos a dar un régimen penal sin mirar o mirando para un costado los problemas del sistema penal de adultos, en el marco del cual, entre el 60 y el 70 por ciento de los presos está en prisión preventiva, sin condena”, señala Ojea Quintana.

Hacer girar la rueda
“Nosotros no trabajamos para reinsertar a los pibes ¿Adónde los vamos a reingarantizar sus derechos a los chicos, pero lo que no se dice es que les vamos a dar un régimen penal sin mirar o mirando para un costado los problemas del sistema penal de adultos, en el marco del cual, entre el 60 y el 70 por ciento de los presos está en prisión preventiva, sin condena”, señala Ojea Quintana.
Hacer girar la rueda “Nosotros no trabajamos para reinsertar a los pibes ¿Adónde los vamos a reinsertar? ¿Al mismo sistema que los expulsó?
Eso es prolongar la agonía para que después vuelvan a lo mismo. Lo que nosotros abordamos son las causas que hacen que un pibe llegue hasta donde llegó. Hoy la sociedad nos dice que tenemos que cuidarnos de esos chicos, pero nosotros tenemos que cuidar de ellos y no culpabilizarlos”, afirma Omar Giuliani, educador y uno de los coordinadores del hogar Ruca Hueney, del paraje La Fraternidad, de la localidad bonaerense de General Rodríguez.
Un campo donde se siembra y se crían unos 400 animales, un jardín materno-infantil, una escuela primaria, otra agrotécnica, un hogar convivencial y un centro de día con actividades culturales, deportivas y recreativas son los pilares de Ruca Hueney. Allí, el desafío es demostrar día a día que se puede construir un país diferente, basado en la solidaridad.
“Lo importante es reflejarse con el otro, entender que lo que hay que modificar no es su historia, sino la de la sociedad porque su realidad es parte de una lógica de desprotección, aislamiento y marginalidad.
Entonces ahí los chicos empiezan a construir identidad de cuerpo y a ver que es posible transformar su realidad”, explica con pasión Giuliani. Dentro de Ruca Hueney la idea es que la rueda gire y se transforme en un círculo virtuoso.
Entonces, muchos de los pibes que llegaron en situaciones extremas luego de un largo proceso, se forman como educadores y comparten su recorrido con los que recién se acercan. “La salida para nosotros es siempre colectiva.
Por eso, los chicos entienden que lo individual no sirve y que compartiendo están siendo hombres de verdad, con códigos y principios”, afirma Ayelén Toscano, de 19 años, una de las educadoras de la entidad.
La mirada de las organizaciones que trabajan con chicos en conflicto con la ley penal dista de ser la que pulula en los medios de comunicación. “Hoy por hoy, se quieren atacar las consecuencias de la exclusión y no se trabajan las causas, porque no hay ninguna ley que modifique la realidad de estos pibes. El garantismo no pasa por una cuestión jurídica, sino por asegurar condiciones de
vida dignas para todas las familias. El debate en torno del Régimen Penal Juvenil es una discusión falsa para esconder las verdaderas causas que generan esto”, sintetiza Giuliani.
Un sistema estigmatizante “El sistema penal no persigue a todos por igual, sino a los más pobres, a los más vulnerables y a los que menos ‘esfuerzo’ tienen que hacer para caer en sus redes”,
asegura Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) en un documento en el que justifica su rechazo a la baja del piso a partir del cual los chicos comienzan a ser imputables. “El sistema penal es discriminatorio, selectivo y estigmatizante”, acota.
Ya a fines del año pasado, cuando se puso sobre el tapete la discusión en torno de la edad de imputabilidad, el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, junto a la Sennaf, advirtió que, “además de falsa, es una idea peligrosa” la demonización de los adolescentes en situación de pobreza porque “redunda en discriminación cuando no en maltrato y abuso policial contra ellos”.
Además, planteó que “el necesario debate acerca de cómo sancionar conductas ilícitas no puede ocultar o tergiversar el fondo de la cuestión, que es la necesidad de fortalecer los mecanismos y políticas de inclusión social”.
En la misma línea, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sostiene que “el debate no puede perder de vista el problema central, que son las consecuencias de un modelo de exclusión y la deserción del Estado en la implementación de políticas de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
El eslabón más débil Diego Freedman es abogado y se especializa en la defensa de chicos imputados en el sistema penal. “La historia de vida de estos jóvenes tiene algún tipo de relación con la problemática de la exclusión y demuestra que ya hubo un déficit del Estado en sus prestaciones.”
Por eso, si bien entiende que el encierro “sólo tiene que ser previsto para delitos de mucha gravedad, eso de ninguna manera tiene que significar una exclusión mayor”. “Muchos de los jóvenes privados de libertad no tienen acceso a la educación ni a lo laboral y, en consecuencia, quedan con muchas menos oportunidades y se contribuye a una mayor exclusión”, plantea.
“¿Podemos demandar responsabilidad cuando nos enfrentamos a niños con trayectos de vida signados por la miseria, la falta de alimento y educación o el estrago de las drogas baratas?”, se preguntan en el Serpaj en un documento en torno del debate sobre la reducción en la edad a partir de la cual son punibles para la ley.
Incluso, los interrogantes van más lejos e indagan la relación entre adultos y chicos en el mundo del delito. “Casi siempre que un adolescente está inmerso en una situación violenta es porque alguien con más edad y con más poder lo ha utilizado. Un niño de 14 años difícilmente robe un auto para cometer otros delitos. Lo más seguro y lo que indican las investigaciones es que recibe un arma y una paga miserable por conseguir ese auto que luego irá a un desarmadero, para que muchos que reclaman la baja en la edad de la punibilidad compren más baratos los repuestos para sus autos”, afirma Claudia Cesaroni. “Los pibes son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las empresas criminales”, resume.
Norma Miranda es una de las coordinadoras de la Aldea Jóvenes para la Paz, del Serpaj, que funciona en General Rodríguez y en Pilar. Desde su experiencia, asegura que, “en el terreno de lo penal, hay toda una industria del delito fomentada, amparada y armada por adultos, y la pobreza termina siendo funcional a ella. A veces por entorno, por supervivencia o por ausencia del Estado, los chicos terminan siendo sus rehenes”, explica.

En su justa medida
En su mayoría, los proyectos de Régimen Penal Juvenil que se encuentran actualmente en estudio en el Congreso incluyen la baja en la edad a los 14 años. Además de propiciar la aplicación de sanciones alternativas al encierro, las iniciativas buscan fijar un límite a la privación de la libertad para los delitos más graves. En todos los casos, hacen distinciones según la franja etaria.
Así, en términos generales, para los pibes de 14 y 15 años el tiempo máximo de encierro que se prevé es de tres años, mientras que para los de 16 y 17 es de cinco.
“Un sistema penal para adolescentes infractores a la ley penal respetuoso de los derechos humanos abarca múltiples dimensiones. Por un lado, el esfuerzo en el ámbito local para la satisfacción de las garantías a través de dispositivos procesales propios, y, por el otro, la profesionalización de los servicios no privativos de libertad con la necesaria inversión que requiere este proceso en planes más amplios con aspectos de prevención.
También, claro, es necesaria una ley nacional que proponga adecuaciones en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño”, consideró Gimol Pinto, especialista en protección de derechos de Unicef.
El informe sobre Adolescentes en el Sistema Penal da cuenta de que sólo existen 300 pibes que no cumplieron los 16 años y están encerrados por causas penales. Además, las estadísticas muestran que de un total de 2 mil homicidios dolosos que se cometen en un año, en 200 participan menores de 18 años. De esos 200, sólo en 15 casos hay chicos de menos de 16 involucrados.
“La población menor de 16 años que comete delito es ínfima. La baja de edad no resolverá el problema de la inseguridad, como no lo hizo en otros países del mundo donde se aplicó con igual sentido”, señalan desde el Serpaj.
En esa línea, Unicef subraya que la Convención sobre los Derechos del Niño “prevé que los poderes judiciales y ejecutivos apliquen medidas no privativas de la libertad para la mayoría de los
delitos y por períodos más breves que en los adultos, y medidas de encierro para aquellos delitos muy graves, siempre brindando, en todos los casos, servicios de elevada calidad y adecuados para un tratamiento efectivo”.

Las provincias
A pesar de la falta de un sistema penal juvenil a nivel nacional que derogue el Régimen Penal de la Minoridad de la última dictadura, lo cierto es que algunos distritos avanzaron en la definición
a nivel local de procedimientos penales juveniles, como en el caso de la provincia y la ciudad de Buenos Aires,
Mendoza, Jujuy, Tierra del Fuego y Chubut, entre otras. Además, tan sólo nueve provincias cuentan con algún programa específico de “libertad asistida o similar”.
A fines del año pasado, algunos partidos de la provincia de Buenos Aires quedaron dotados de la estructura judicial y administrativa que puso en marcha un régimen para juzgar a los adolescentes.
Entre otros aspectos, este nuevo sistema diferencia los juzgados de familia de los penales juveniles.
También, procura generar una red que permita llevar a la práctica penas alternativas.
Para eso, creó los denominados Centros de Referencia, dependientes del Ministerio de Desarrollo Social, que se ocupan de evaluar la situación de los chicos que son derivados por la Justicia y orientarlos hacia la conclusión de sus estudios, la capacitación en oficios, los trabajos comunitarios y la atención de la salud, según sea necesario.
Aquí aparecen en acción muchas OSC que, a través de convenios firmados con los Centros de Referencia, incluyen en sus programas a los pibes. “Es importante que la sociedad civil monitoree cómo funcionan las medidas que aplica el Estado, pero es éste el que tiene que hacerse responsable; no se puede delegar esa tarea a la sociedad civil”, afirma Freedman.

Alternativas al encierro
Hugo tiene 17 años y está imputado por el intento de robo de un auto, ocurrido el 31 de diciembre último. Ese día tuvo su primer contacto con la muerte. El dueño del vehículo, “un gorra”, le disparó y lo detuvo. Días más tarde, la justicia bonaerense le otorgó un régimen de prisión domiciliaria en la casa de su mamá, y le permitió salidas para estudiar y aprender un oficio en una organización social.
En su nueva rutina, Hugo cursa los últimos años de la escuela primaria y aprende computación, panadería y murga. Ahora reconstruye su vida en la sede del Programa de Acción Comunitaria (PAC) de la Fundación Del Viso, que funciona en la localidad bonaerense de Del Viso. “Llego a la mañana para estudiar y después me quedo toda la tarde. Aprendo un montón de cosas y siempre la paso bien. A la tarde con ‘los gatos’ (los chicos) jugamos a las cartas o leemos algún libro en la biblioteca.
Así no te dan ganas de fumar porro o volver a la merca”, confía mientras pita un cigarrillo.
“Tratamos de educar para la libertad”, sostiene Miranda y aclara: “En vez de aumentar las penas o bajar la edad de punibilidad que no resuelve el problema, lo que se deberían hacer son propuestas a futuro para estos chicos donde o educativo debe ser el pilar”. Por eso, propone la generación de espacios “para que los chicos puedan decir lo que para ellos es la inseguridad, que es la falta de posibilidades, el maltrato generalizado.
Para estos chicos es sumamente difícil insertarse en el mundo y lo que permanentemente hacemos es achicárselo. Es importante abrir el juego y mostrar que el mundo es más grande y que no necesariamente pasa por la cultura del consumo”, agrega.
Betina Perona es abogada y presidenta de El Arca, un hogar de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Allí viven 13 chicos de 11 a 18 años. “Trabajamos para que construyan un proyecto de vida, aprendan a depender de adultos y para que luego puedan independizarse.”
Una nueva institucionalidad “La voluntad política del Estado se mide también por los recursos económicos que le pone a cada política pública”, sostiene Pulido y asegura que “la cuestión del financiamiento del sistema es crucial para crear una nueva institucionalidad”.
En el mismo sentido,Freedman remarca que “el riesgo es que se haga una reforma y que no haya fondos para implementarla de manera eficiente y entonces la Justicia no pueda llevar adelante sus procesos en un tiempo razonable, que no cuente con infraestructura penitenciaria para jóvenes condenados y que no prevea un sistema de sanciones alternativas que se haga efectivo”. El abogado llama a “sincerarse y admitir que, más allá de que se reconozcan o no normativamente las garantías, es en la práctica donde se tiene que ver si se cumplen”.
Alejandro Grazia, asesor del programa Incluyendo Jóvenes, de la Fundación Sur, cuenta con pena que, cuando arrancaron en agosto pasado, ofrecían a los pibes asistencia psicológica. Sin embargo, hace un tiempo debieron suspenderla porque aún no recibieron los fondos que cada mes la Provincia debería girarles a las organizaciones que, a través de un convenio, participan de la implementación del Régimen Penal Juvenil para la ejecución de medidas alternativas.
Más allá de matices, posturas y colores políticos, hay algo que parece incuestionable: desterrar el Patronato, crear un régimen penal especial para los pibes que delinquen, y abordar la situación en forma integrada es indispensable para recuperar a esos chicos. Porque ver esta realidad sólo desde el punto de vista de la punición sería como cortar el hilo por lo más delgado.

OPINIÓN
¿Responsabilidad de quién?
Por MARY BELOFF *

Por qué, frente a un hecho delictivo dramático imputado a un menor de edad, sólo se exige encerrarlo? ¿Por qué se piensa que el encarcelamiento resuelve el problema de la violencia juvenil cuando es sabido que el sistema penal no sólo no mejora, sino que agrava los problemas sociales?
¿Por qué, en definitiva, se reduce la imprescindible discusión sobre la concreción de políticas de seguridad eficaces a la cuestión legal relacionada con la edad a partir de la cual es posible encarcelar a una persona?
Estas preguntas sorprenden no sólo por su escandalosa simplificación de un problema estructural que se agrava cada día, sino además por su desapego a lo que se enseña acá y en cualquier país del mundo: no hay relación directa entre la edad penal y la cantidad de crímenes que cometen los jóvenes del mismo modo que el endurecimiento del sistema penal no disminuye los delitos.
Frente a este enfoque que se desentiende de la complejidad de la cuestión es posible construir otro a partir de exitosas experiencias internacionales basadas en las prescripciones de los tratados de derechos humanos que son categóricos en establecer que no puede haber responsabilidad penal de los menores de edad si los adultos (la familia, la comunidad y el Estado) no cumplen con sus responsabilidades respecto de la infancia.
Una preocupación genuina por transformar la realidad y reducir sensiblemente la violencia de y hacia los adolescentes debería partir de un conocimiento riguroso de las dimensiones y características actuales del problema. Desde allí debería implementarse una política criminal basada sobre la responsabilidad de los adultos y orientada a la prevención de delitos (en particular violentos) que no es más que el resultado de políticas coordinadas y eficaces en materia de educación, fortalecimiento familiar, salud, empleo, vivienda, desarrollo urbano y seguridad.
Frente al fracaso de la prevención, el ingreso al sistema penal de un menor de edad debería –además de garantizar la estricta observancia del debido proceso y de la especialidad, hace tiempo reconocidos por la jurisprudencia– convertirse en una paradójica oportunidad: lograr que los adolescentes comprendan el sentido dañino de sus conductas, adviertan que forman parte de una comunidad y de sus valores, desarrollen el sentido de la responsabilidad y se relacionen de forma no conflictiva con su medio en el futuro.
Una sociedad que piensa más en castigar a sus jóvenes que en generar las condiciones para que ellos crezcan y se desarrollen al margen del delito y la violencia revela una miopía severa y compromete seriamente su futuro.
Plantear la responsabilidad penal de los adolescentes sin concretar políticas preventivas y de reintegración social seguramente tendrá efectos sobre la inseguridad: aumentarla al reproducir la exclusión, la marginalidad y la violencia que desde siempre han definido a la justicia penal de adultos.

*Profesora de Derecho Penal (UBA). Fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios.

Cómo conectarse

Unicef
www.unicef.org.ar
Sennaf
4338-5845
www.desarrollosocial.gov.ar/sennaf
Asesoría General Tutelar
de la Ciudad de Buenos Aires
4011-1432
Colectivo por los
Derechos de la Infancia
www.colectivoinfancia.org.ar
Red por los Derechos
de los Jóvenes
www.redxder.org.ar
Ruca Hueney
www.rucahueney.org.ar
Centro de Estudios en Política
Criminal y Derechos Humanos
www.cepoc-cepoc.blogspot.com
Serpaj
www.serpaj-ar.com.ar
Fundación Del Viso
www.fundaciondelviso.org.ar
Hogar El Arca
www.elarca.org.ar
Observatorio de Adolescentes y
Jóvenes Instituto Gino Germani
www.observatoriojovenes.com.ar
Correpi
15-4417-0659
Incluyendo Jóvenes
alegrazia_60@yahoo.com